Evaluar la Validez Social de la intervención conductual.
Desde la década de los cincuenta, los psicólogos de la conducta se han esforzado en utilizar, además de las medidas de eficacia de la intervención ya señaladas, otras que puedan resultar complementarias (Daniels, 2000). Entre estas medidas se encuentra la validez social (
social validity). Esta es una metodología que además de la evaluación de los cambios de conducta directos producidos por la intervención, procura evaluar también, el grado de satisfacción obtenidos por estos cambios desde el punto de vista social.
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Por ejemplo, Fawcett y Miller (1975), emplean el proceso de validez social, para apreciar como una audiencia recibe y valora los cambios de conducta logrados en el entrenamiento de un conferencista. Esta evaluación la realizan mediante la obtención de escalas de juicios sobre diferentes dimensiones de la conducta observada (en este caso, el contacto visual, los gestos, las conductas verbales) gracias al trabajo de observadores escogidos que actuaron como jueces.
Se ha definido la validez social como
un proceso de evaluación mediante el cual es posible determinar el impacto social de los cambios conductuales obtenidos con un programa de análisis de conducta aplicado (Fawcett, 1991).
Según este autor, una intervención puede ser validada socialmente en tres niveles:
a) gracias a la significación social de los logros, es decir a la medida en la cual el grupo o la comunidad espera cambios en determinadas conductas-objetivo; b) la acogida o aceptación social de los procedimientos de intervención que serán empleados gracias a una adecuada selección de técnicas o recursos de intervención que sean no sólo las más efectivas y justas sino además, éticas; c) la repercusión social de los efectos de la intervención sobre la conducta (s) intervenida empleando evaluaciones individuales realizadas a personas que se encuentran en la misma organización o comunidad.
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Se han descrito dos métodos para efectuar la validez social de una intervención: a) el método de comparación normativa en el que la conducta de los trabajadores expuestos a un programa de intervención puede ser evaluada antes y después de la intervención lo que facilitaría su comparación con otros trabajadores que no se hayan expuesto a esta intervención; b) el método de evaluación subjetiva en cuyo caso los cambios de conducta logrados en el trabajador o en el grupo de trabajo expuestos a la intervención, son evaluados por ellos mismos y/o por quienes tienen contacto con ellos. Este método generalmente emplea la aplicación de cuestionarios que responden las personas expuestas a la intervención y los miembros de su entorno social (Kazdin, 1997 cit., en Guzmán, García, Martínez, Fonseca y del Castillo, 2008).
La posible naturaleza “subjetiva” de este tipo de evaluación tiene un extenso debate en psicología, pero esta discusión escapa a los objetivos de este texto. Quizá resulte suficiente indicar que refiriéndose a este punto, Wollf (1978) señala citando a Skinner, que no corresponde referirse a estados internos (subjetivos) porque con independencia de su existencia o inexistencia, ellos no son relevantes para el análisis funcional. Si se trabaja con datos directamente observables no resulta necesario referirse a estos supuestos estados internos.
Sin embargo, admite que la “importancia social” es un valor subjetivo que sólo la sociedad está calificada para formular. Si el objetivo explícito del análisis de conducta es realizar intervenciones de relevancia social, resulta conveniente interrogar a la sociedad si se cumple tal objetivo. Por consiguiente, la comunidad podría validar la intervención conductual al menos en tres niveles: a) la relevancia social de las metas, es decir, responder a la pregunta: ¿son las metas de la intervención lo que la sociedad o la organización realmente quiere?; b) lo apropiado de los medios que se emplean, lo que se respondería mediante la interrogante: ¿el fin perseguido por la intervención, justifica los medios a utilizar? y c) la importancia social de los resultados de la intervención, lo que podría aclararse respondiendo a la pregunta: ¿están los usuarios de una intervención satisfechos con los resultados, incluidos los resultados inicialmente no previstos?. Con independencia de la voluntad, parece claro que un número importante de conceptos relevantes de la cultura son subjetivos y compartidos y, en esa medida, legitimados como válidos. Por consiguiente el análisis de conducta aplicado requiere también validar sus aplicaciones contrastándolas con la visión de la comunidad.
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Pudiese ocurrir que la evaluación subjetiva y la evaluación objetiva de una intervención no sólo no resulten complementarias, sino también que discrepen entre sí. Esta falta de correspondencia entre las evaluaciones puede deberse a diferentes razones que deben ser atendidas por el psicólogo de la conducta. Las razones para esta discrepancia pueden ser variadas. Una posibilidad es que las contingencias de una situación generen distorsión. Esta puede ocurrir, especialmente, cuando se requiere una descripción verbal de un evento privado como por ejemplo, el nivel de satisfacción con la intervención, dado que no se dispone de una forma de comprobar la fiabilidad de los informes verbales en forma independiente de quien los emite. Sin embargo, aunque se sabe que las medidas de validez social pueden ser manipuladas o distorsionadas, este hecho no es suficiente para que el analista de conducta las descuide. Al revés, este punto puede ser un acicate para que aumente la precisión de las evaluaciones sociales de sus intervenciones.
Una segunda razón que puede contribuir a explicar las eventuales diferencias entre las medidas objetivas y subjetivas de una intervención conductual es que la persona usuaria indirecta de la intervención podría responder sobre los cambios de alguna conducta o condición diferente a las que el psicólogo ha registrado con sus medidas objetivas específicas. Esta situación puede presentarse en conductas socialmente complejas en las que el usuario indirecto de la intervención suele evaluar las conductas que resultan más significativas para él, aunque éstas no hayan sido consideradas en la medición objetiva de la intervención.
Por ejemplo, según señalan Guzmán, García, Martínez, Fonseca y del Castillo, (2008), cuando se trabaja con padres e hijos, la controversia que puede manifestarse respecto de la validez externa de una intervención, versus la evaluación objetiva de ésta, podría deberse a que los padres pueden proporcionar observaciones sobre el cambio de algunas conductas de sus hijos no expuestas a la intervención. Dada la frecuencia de las observaciones, por las muchas oportunidades de que disponen los padres para observar a sus hijos, convendrá superar estas discrepancias mediante una adecuada formación en observación a los padres u otros agentes. Esta formación facilitaría que, en este caso, el usuario del programa ajuste sus percepciones y la discrepancia entre la evaluación objetiva y la complementaria sea mínima o escasamente relevante.
Una tercera razón para posibles discrepancias entre ambos tipos de medida,
es la consideración que la evaluación subjetiva es extremadamente difícil, si no imposible, para las personas cuando se les pide informar en forma precisa sobre su propia situación. Es decir, no sería posible esperar que un trabajador sea capaz de informar cuando él está bien o cuando no lo está.
Pero esta afirmación no resulta aceptable si el propósito de la intervención conductual es precisamente diseñar y aplicar el análisis de conducta buscando objetivos socialmente benéficos para el usuario de la intervención. No dar lugar a la evaluación mediante validez social por esta razón, significaría que sólo se aceptan las evaluaciones de expertos es decir, evaluaciones de carácter más bien elitista, sobre los grupos o las comunidades.
En realidad, para enfrentar esta situación el psicólogo de la conducta debería desarrollar mejores y más eficaces formas para enseñar a los trabajadores a observar la conducta y las condiciones en que ésta se desenvuelve. Esta enseñanza debería dirigirse a la observación de la propia conducta, para obtener información sobre su propio comportamiento y el de otros trabajadores, lo que podría ayudarles a tomar mejores decisiones para su mejora (Wollf, 1978).
Por consiguiente, desde la perspectiva de la validez social, una intervención debería considerar antes de intervenir, conductas que sean relevantes para el medio ambiente social, no sólo para el trabajador o el grupo considerado en forma aislada.
Fawcett, (1991) coincide en el hecho que la validez social proporciona información acerca de la aceptación social de las metas, los procedimientos y los efectos de una intervención. Es decir, un elemento clave que contribuiría a establecer la validez social de una intervención, es la satisfacción del usuario directo y el usuario indirecto de la intervención. Este autor sugiere que para evaluar si la intervención es socialmente apropiada o no, ésta podría validarse en diferentes niveles. Por ejemplo, en la comprensión del proceso de intervención y de su planificación. También en los componentes que forman parte de la intervención y por último, en los procedimientos específicos de la intervención. Al respecto, sugiere los siguientes 10 procedimientos que considera habitualmente necesarios para adoptar y adaptar la metodología de la validez social a una intervención.
1.- Establecer cuales muestras del proceso de intervención serán obtenidas y ordenadas para ser revisados por los expertos. Por ejemplo, para evaluar la importancia social de los efectos de la intervención, sería conveniente utilizar muestras de la conducta previa a la intervención y posterior a ésta. Debería procurarse que estas muestras incluyan al menos tres niveles de logro de una conducta específica: desde la “óptima” (es decir, el mejor desempeño), luego el nivel “normal” (logro común o habitual) y finalmente el nivel “deficitario” (que representaría el desempeño más débil).
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2.- Identificación de los jueces (éstos pueden ser los trabajadores expuestos a la intervención, los clientes o expertos). Los jueces evaluarán la validez social de las metas; los procedimientos y los efectos de la intervención. Es conveniente para seleccionar los jueces, considerar las siguientes características: a) que éstos pertenezcan a un grupo similar al grupo expuesto a la intervención; b) que sean personas afectadas por las conductas bajo intervención; por ejemplo, los compañeros de trabajo o los jefes del trabajador de conducta peligrosa o insegura si éste es el caso; c) personas que han mediado o colaborado en la implementación del programa, por ejemplo, líderes sindicales o miembros de comités elegidos; d) administradores o agentes financieros. Es decir, los gerentes o directivos de la organización; e) profesionales de medios de comunicación o funcionarios de la administración sean electos o designados; f) personas con conocimiento experto en la situación que generó la intervención, como por ejemplo, directivos del área.
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3.- Especificar la dimensión cualitativa en la que se basará la evaluación de la validez social de la intervención. En este caso, la dimensión cualitativa se refiere a distinguir los atributos de la situación de intervención que no pueden ser medidos en términos cuantitativos, por ejemplo, su significación o su equidad. Estas dimensiones pueden ser identificadas mediante la revisión de la literatura, en conversaciones informales con expertos o revisando encuestas de seguimiento de otras intervenciones similares.
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Para evaluar el significado social de las metas de la intervención, las dimensiones cualitativas potencialmente relevantes podrían obtenerse mediante su posición en diferentes niveles descriptivos, tales como: “significativo”, “importante”, “completo” o “representativo". Para determinar el significado social de los efectos de la intervención en el nivel de una categoría conductual, pueden utilizarse dimensiones cualitativas más específicas, tales como: “
entusiasta”, “erudito”, “sincero”.
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Estas categorías conductuales son especialmente útiles si, por ejemplo, se está evaluando los efectos de un programa destinado a mejorar las habilidades sociales de un maestro. Por último, para determinar el significado social de los procedimientos, las dimensiones cualitativas pueden establecerse mediante expresiones descriptivas, tales como:
“satisfacción total”, “bueno para ser empleado”, “bueno para ser recomendado a otros”, “eficiente”, “práctico”, “fácil de usar”, “ simple”, “humano”, cercano a nuestros valores, y otras expresiones similares.
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4.- Seleccionar una escala de evaluación para obtener el juicio de los trabajadores expuestos a la intervención (y los de su comunidad) sobre las dimensiones cualitativas, en forma cuantitativa. Habitualmente, estas escalas pueden ser del tipo diferencial semántico o escalas tipo Likert (de 5 ó 7 puntos). Por ejemplo, una escala tipo Likert de 5 puntos empleada para evaluar lo socialmente apropiado de un procedimiento sería: ¿En qué medida fue fácil aprender este programa? y los puntos de evaluación frente a esta interrogante podrían ser: 1, muy difícil; 2, difícil; 3, ni fácil ni difícil; 4, fácil y 5, muy fácil.
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5.- Preparar instrucciones para los trabajadores expuestos a la intervención en su rol de jueces de la misma. Para disminuir los sesgos o prejuicios pueden prepararse instrucciones escritas y ordenar los ítems al azar. Además, si se mantiene la confidencialidad de los evaluadores, se ayudará a asegurar una evaluación honesta de la intervención.
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6.- Obtener más información sobre la validez y fiabilidad de la evaluación efectuada. Si los resultados de la validez social de la intervención no son los esperados, el psicólogo de la conducta necesita analizar estas características del instrumento que utiliza. Aunque esta situación es de rara ocurrencia, al instrumento de evaluación empleado podría aplicársele, por ejemplo, la prueba test- retest o estudiar la correlación ítem- test para analizar su fiabilidad tanto como revisar las medidas objetivas de los efectos de la intervención efectuada.
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7.- Resumir los datos obtenidos con la escala aplicada y compararlos con los datos obtenidos mediante la observación directa del mismo grupo. Por ejemplo, para evaluar la importancia social de los efectos logrados, los promedios de los datos obtenidos mediante la escala, pueden ser comparados con los promedios de los datos provenientes de la observación directa realizada, tanto en forma previa, como en forma posterior a la observación.
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8.- Obtener información sobre las conductas de los clientes o usuarios de la intervención, que sugieran validez social. Por ejemplo, para evaluar la importancia social de las metas, considere la presencia o ausencia de protestas contra el programa o quejas formales sobre la intervención o la de intentos de solución alternativos para resolver la situación, con independencia del desarrollo de la intervención. Para evaluar lo socialmente apropiado de los procedimientos, el psicólogo de la conducta podría observar la preferencia por estos procedimientos para resolver problemas por sobre otros similares, el grado de adopción del programa y la presencia de posibles recomendaciones a otras personas o empresas para que empleen este tipo de procedimientos. Para evaluar la importancia social de los efectos se puede observar la presencia de testimonios públicos sobre el éxito de la intervención, la difusión del programa en los medios y la adopción creciente de estas estrategias de intervención por parte de otras organizaciones.
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9.- Obtener información sobre los resultados o consecuencias para los trabajadores expuestos directamente a la intervención o para otros usuarios de la organización que pueden sugerir validez social. Por ejemplo, para evaluar la significación social de las metas observe las consecuencias de la intervención en relación a los objetivos y si ellos suponen el uso posterior de altos o bajos niveles de recursos positivos (reconocimientos) o por el contrario el uso preferente de recursos aversivos o mixtos. De igual forma, para evaluar lo apropiado de los procedimientos pueden observarse posibles consecuencias de la puesta en práctica del programa, tales como la reducción de las quejas sobre la conducta-objetivo y la atención social que se brinda a quienes adoptan el programa. Para evaluar la importancia social de los efectos de la intervención, observe si hay cambios en la conducta vinculados a resultados sociales tales como la salud o el afán por el desarrollo personal.
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10.- Si los resultados obtenidos por la validez social del programa no son lo suficientemente altos, se debe considerar qué más se puede hacer para incrementar la validez social de la intervención. Por ejemplo, si los resultados son considerados por los jueces como insuficientes o los procedimientos inaceptables, pueden efectuarse cambios en estos procedimientos y en su forma de aplicación. Una vez que se han revisado los cambios en los contenidos y en los procedimientos del programa, se debería efectuar una evaluación similar, la que puede ser realizada por un grupo de jueces distinto (Fawcett, 1991).
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Hacer explícitos los procedimientos y efectuar la evaluación de la validez social de la intervención mediante el análisis de conducta, no sólo complementa las medidas objetivas directas sino, además, puede contribuir a la adopción más amplia y a la adaptación de los procedimientos del análisis de conducta aplicado en las organizaciones. Cabe señalar también que en la experiencia del autor, la evaluación de la validez social, es escasamente empleada por los psicólogos de la conducta y que cuando ella se ha realizado, los resultados obtenidos por estos dos tipos de evaluación no suelen presentar diferencias importantes entre la evaluación objetiva y directa y la validez social de la intervención efectuada.
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